TOMADO DE DIARIO EL COMERCIO DE QUITO ECUADOR. 28 DE AGOSTO 2008
El control a la Asamblea, en secreto - El Comercio"
El control a la Asamblea, en secreto - El Comercio"
Un convenio de cooperación permitió la intervención de la Contraloría en Ciudad Alfaro. Los plenos poderes de la Asamblea fueron un obstáculo.
Redacción Política
Un convenio suscrito por la Contraloría General del Estado y la Asamblea Constituyente provocó que el informe que esta entidad realizó sobre la contratación de asesores y personal administrativo en Ciudad Alfaro sea de conocimiento exclusivo de la Presidencia de esa instancia. La iniciativa surgió por pedido expreso del entonces titular de la Asamblea Alberto Acosta (Acuerdo País), con el objetivo de transparentar el manejo de los contratos del personal administrativo y de asesorías.
No creí necesario convocar a una sesión extra para conocer el tema Fernando Cordero Presidente de la Asamblea en recesoEso debido a las denuncias de supuestas irregularidades sobre ese tema en las que fue acusado el asambleísta del opositor PSP Fausto Lupera, de tener una asesora que reside en el exterior y sin embargo cobraba sueldo. El partido de este último a su vez contraatacó al hoy presidente de la Asamblea Fernando Cordero, acusándolo de nepotismo por su supuesto nexo familiar con el director administrativo del cónclave político, Francisco Torres.Ese cruce de acusaciones generó que Acosta solicite la intervención de la Contraloría, pedido que, según el vocal de la comisión directiva Jorge Escala (MPD), no tuvo el respaldo de esa instancia superior de la Asamblea Constituyente. ¿El argumento? El Mandato 1 a través del cual la Asamblea asumió sus plenos poderes en noviembre del 2007 y la colocó por sobre los poderes constituidos.Según el Mandato, “las decisiones de la Asamblea son jerárquicamente superiores a cualquier otra norma del orden jurídico y de obligatorio cumplimiento para todas las personas naturales, jurídicas y demás poderes públicos sin excepción alguna. Ninguna decisión de la Asamblea Constituyente será susceptible de control o impugnación por parte de alguno de los poderes constituidos”. Acosta explica que su intención fue transparentar todos los actos administrativos en Ciudad Alfaro y la forma de no hacer incompatible la intervención de la Contraloría con lo dispuesto en el Mandato 1 fue la suscripción del convenio de cooperación interinstitucional. En una de sus cláusulas, el convenio entre ambas entidades establece que “estos informes (de la Contraloría) serán exclusivamente presentados a la Presidencia de la Asamblea, para el trámite pertinente y difusión pública”.La Contraloría entregó a Cordero el informe sobre el pasado 23 de julio, pero por decisión del funcionario su contenido no ha sido divulgado públicamente. Cordero argumenta que el contenido de ese documento se hará público en la reunión que la Asamblea en Pleno tendrá cinco días después de proclamados los resultados del referéndum. Descarta que haya necesidad de convocar a una sesión extraordinaria para tratar el tema, pero reconoce que hay asambleístas de A. País involucrados.Algunos detalles “Yo no hubiese tenido ningún problema en difundir el informe”, sostuvo Alberto Acosta a este Diario en relación con la decisión de F. Cordero. Tatiana Gortaire de la Dirección de Auditoria 1 de la Contraloría General del Estado lideró el trabajo de esa entidad en la Asamblea Constituyente. Unos 30 asambleístas estarían involucrados en supuestas irregularidades en la contratación de asesores. Se incluyen dignatarios de A. País. El argumento de Cordero es que el Pleno de la Asamblea debe conocer el contenido del documento de la Contraloría para pronunciarse oficialmente sobre el caso de los contratos.
No creí necesario convocar a una sesión extra para conocer el tema Fernando Cordero Presidente de la Asamblea en recesoEso debido a las denuncias de supuestas irregularidades sobre ese tema en las que fue acusado el asambleísta del opositor PSP Fausto Lupera, de tener una asesora que reside en el exterior y sin embargo cobraba sueldo. El partido de este último a su vez contraatacó al hoy presidente de la Asamblea Fernando Cordero, acusándolo de nepotismo por su supuesto nexo familiar con el director administrativo del cónclave político, Francisco Torres.Ese cruce de acusaciones generó que Acosta solicite la intervención de la Contraloría, pedido que, según el vocal de la comisión directiva Jorge Escala (MPD), no tuvo el respaldo de esa instancia superior de la Asamblea Constituyente. ¿El argumento? El Mandato 1 a través del cual la Asamblea asumió sus plenos poderes en noviembre del 2007 y la colocó por sobre los poderes constituidos.Según el Mandato, “las decisiones de la Asamblea son jerárquicamente superiores a cualquier otra norma del orden jurídico y de obligatorio cumplimiento para todas las personas naturales, jurídicas y demás poderes públicos sin excepción alguna. Ninguna decisión de la Asamblea Constituyente será susceptible de control o impugnación por parte de alguno de los poderes constituidos”. Acosta explica que su intención fue transparentar todos los actos administrativos en Ciudad Alfaro y la forma de no hacer incompatible la intervención de la Contraloría con lo dispuesto en el Mandato 1 fue la suscripción del convenio de cooperación interinstitucional. En una de sus cláusulas, el convenio entre ambas entidades establece que “estos informes (de la Contraloría) serán exclusivamente presentados a la Presidencia de la Asamblea, para el trámite pertinente y difusión pública”.La Contraloría entregó a Cordero el informe sobre el pasado 23 de julio, pero por decisión del funcionario su contenido no ha sido divulgado públicamente. Cordero argumenta que el contenido de ese documento se hará público en la reunión que la Asamblea en Pleno tendrá cinco días después de proclamados los resultados del referéndum. Descarta que haya necesidad de convocar a una sesión extraordinaria para tratar el tema, pero reconoce que hay asambleístas de A. País involucrados.Algunos detalles “Yo no hubiese tenido ningún problema en difundir el informe”, sostuvo Alberto Acosta a este Diario en relación con la decisión de F. Cordero. Tatiana Gortaire de la Dirección de Auditoria 1 de la Contraloría General del Estado lideró el trabajo de esa entidad en la Asamblea Constituyente. Unos 30 asambleístas estarían involucrados en supuestas irregularidades en la contratación de asesores. Se incluyen dignatarios de A. País. El argumento de Cordero es que el Pleno de la Asamblea debe conocer el contenido del documento de la Contraloría para pronunciarse oficialmente sobre el caso de los contratos.
