EN ESTA COLUMNA CONSTARAN CRITERIOS DE EDITORIALISTAS DE LA PRENSA ECUATORIANA SOBRE "LA CONSTITUCION", ELABORADA, POR LOS ASAMBLEISTAS EN MONTECRISTI.
¿ Y AHORA?
Por Carlos Larreátegui .-
Muchos ecuatorianos esperaban con ansia la terminación de los trabajos constituyentes para recobrar la perspectiva de futuro y poner fin a un período de insoportable incertidumbre que ha paralizado decisiones individuales, empresariales y colectivas. Al final del día, sin embargo, el nuevo proyecto crea más inquietudes que certezas y ahonda la sensación de desconcierto que captura a muchos ecuatorianos.
La Constitución de un estado organiza el poder y consigna los derechos fundamentales de la persona. Su construcción debe hacerse sobre la base de un intenso diálogo que permita alcanzar una conciliación política mínima que soporte el nuevo andamiaje. El instrumento aprobado en Montecristi no representa un nuevo contrato social edificado sobre la conciliación y el diálogo sino la imposición de una visión unilateral de un grupo político que domina, al menos por ahora, al resto de la sociedad.
El proyecto constitucional ha traído una enorme decepción, incluso en sectores allegados al propio Régimen. La forma dictatorial, ligera y excluyente con que se aprobaron cientos de normas constitucionales y legales, deja un sabor amargo y una indignación que no tardará en fermentarse.
El proyecto de reformas consagra un esquema institucional autoritario que destruye el equilibrio de poderes y entrega al Presidente un poder casi total sobre el Estado. A pesar de que el nuevo Poder Legislativo aparece disminuido y posee facultades restringidas, el Jefe de Estado tiene la posibilidad de disolverlo y absorber sus facultades hasta la instalación de una nueva Asamblea.
El proyecto de reformas consagra un esquema institucional autoritario que destruye el equilibrio de poderes y entrega al Presidente un poder casi total sobre el Estado. A pesar de que el nuevo Poder Legislativo aparece disminuido y posee facultades restringidas, el Jefe de Estado tiene la posibilidad de disolverlo y absorber sus facultades hasta la instalación de una nueva Asamblea.
Adicionalmente, el Presidente controla indirectamente la Función Judicial a través de la Corte Constitucional cuyos miembros son designados por una Comisión en la que participa el Ejecutivo y no pueden ser removidos durante los nueve años que permanecen en funciones.
En la esfera de la comunicación, la Constitución establece el concepto ambiguo y peligroso de “prevalencia de contenidos con fines informativos, educativos y culturales en la programación de los medios”, establecida por ley. De conformidad con el Diccionario de la Real Academia, prevalencia significa “acción y efecto de prevaler”, es decir, “valerse o servirse de algo para ventaja o provecho propio”. La línea del respeto a la libertad de expresión ha quedado extremadamente difusa.
La Constitución es un diseño institucional que organiza la vida de una sociedad y que rebasa gobiernos y personas. No debemos olvidar que el poder que consagra este proyecto servirá también a otros gobiernos. La campaña por el referendo debe girar alrededor de los conceptos que consagra el proyecto de Montecristi y no alentar un plebiscito a favor o en contra del presente Gobierno. Sé que es pedir demasiado pero debemos intentarlo.
TOMADO DEL DIARIO EL COMERCIO DE QUITO, PAGINA WEB. 28 DE JULIO DE 2008.
LA CONSTITUCION DE CORREA
Hace pocos meses, muchos ecuatorianos tuvimos la esperanza de que la Asamblea Constituyente podría elaborar una carta política que fortaleciera la democracia en el país. Terminado el extensísimo proyecto de Constitución vemos con tristeza que este no busca ese objetivo. En vez de buscar un esencial equilibrio de poderes, fortalece en extremo al Ejecutivo. En lugar de profundizar las autonomías, disminuye atribuciones asumidas con eficacia por algunos municipios. En vez de eliminar la votación en plancha y crear un régimen de verdaderos partidos democráticos, se fortifica la tan criticada partidocracia en la cual un grupo político autócrata domina todos los poderes. En vez de procurar un sistema de generación de riqueza y empleo, se debilita la propiedad privada y fortifica al fracasado estatismo. En vez de elaborar un documento claro y preciso, se ha desarrollado el proyecto constitucional más largo e impreciso de nuestra historia. En lugar de fortalecer la independencia del Poder Judicial, se crea una nueva estructura que depende principalmente del Ejecutivo.
Por los medios de comunicación hemos visto cómo los asambleístas en los primeros siete meses de su mandato recibieron a múltiples delegaciones con variadas propuestas, malgastaron el tiempo en consideraciones fatuas e inconsultas, dictaron mandatos no contemplados en el estatuto que los regía y no debatieron las principales reformas que la Constitución del 98 requería.
Las últimas semanas hemos observado cómo el presidente Correa y su buró político han presionado sin ambages a los asambleístas de Alianza País para que aprueben aceleradamente un proyecto que concentra el poder en el Ejecutivo. A pesar de esto, el propio Presidente ha dicho que en este existen “barbaridades” y “novelerías”.
Ahora el Mandatario y su Gobierno han iniciado una tenaz campaña para que el pueblo favorezca su proyecto que incluye abrumadora propaganda y nuevos subsidios. Los asambleístas, a modo de chantaje a las masas populares, han incluido transitorias que dan amnistía a los deudores del servicio eléctrico y dádivas a los profesores que se jubilan, aspectos que nada tienen que hacer en un texto constitucional.
Los ecuatorianos que creemos en la democracia debemos de reflexionar y asumir una actitud preactiva en las próximas semanas para evitar que se nos imponga una carta fundamental que le da al Presidente poderes absolutos tanto o más como lo hicieran la de la “esclavitud“ de Flores o la “negra” de García Moreno. No cabe que en el siglo XXI se aplique en Ecuador esquemas constitucionales con los que se implantaron regímenes tiránicos y abusivos en el siglo XIX. El proyecto de Constitución de Correa tiene ese gravísimo peligro.
TOMADO DE DIARIO EL COMERCIO DE QUITO JULIO 28 DE 2008. PAGINA WEB
LOS ACTOS DE MASAS
Por Fabián Corral B.
Los actos de masas, las concentraciones, las banderas y los cánticos son peligrosos enemigos de la República. La democracia verdadera parte del supuesto esencial de que la gente comprenda los proyectos y las propuestas a fin de que vote con responsabilidad y conciencia. La democracia implica serenidad y objetividad. La democracia requiere información y no propaganda, pedagogía política y no simplificaciones, más aún si se trata de que el pueblo entienda un complejo y extenso texto, y que distinga las ventajas e inconvenientes de la nueva fórmula constitucional, porque se trata de elegir, no entre un eslogan -que diga sí o no- sino por alternativas en que se juega el trabajo, la propiedad, la paz y la familia.
Los actos de masas han caracterizado a nuestra precaria República, y esa es una de las causas de su debilidad y fracaso. En ellos, la razón política desaparece y prevalece la pasión electoral. Para la multitud política y sus líderes no son importantes las tesis sino los enemigos reales o presuntos; no interesan los análisis, sino las arengas, y en la memoria colectiva no quedan las propuestas sino el retumbo del discurso, el eco de los aplausos y los gritos. Sometido por la masa, cada individuo se alinea sin reflexión y se compromete sin libertad.
Los actos de masas apuestan a la adhesión incondicional, y todo lo incondicional es malo para la democracia, y es pésimo para la República. Lo incondicional es peligroso para la convivencia civilizada, y es nocivo para cualquier sociedad libre. Allí están las semillas del fundamentalismo, la intolerancia y la militancia casi religiosa por una quimera política. La historia está llena de ejemplos de masas incondicionales marchando al ritmo de cánticos, intimidando al enemigo, aturdiendo al indiferente. Los desenlaces siempre fueron trágicos y los arrepentimientos, tardíos.
La estrategia de masas busca, además de la adhesión incondicional, la unanimidad de criterio, la anulación de los “otros”, la descalificación moral e intelectual de los que piensan distinto.En esa “democracia” de movilizados y militantes, no es posible discrepar, ni debatir ni siquiera modular la opinión. Solo cabe plegar a la mayoría, someterse y renunciar a la crítica. Pero la unanimidad es otro enemigo de la República que, se supone, está constituida por ciudadanos, por hombres libres que tienen el privilegio de apartarse de la opinión predominante, de decirle no al poder, y que tienen el derecho a que se les escuche y respete. Los gobiernos necesitan oponentes, sin ellos no hay debate, y sin debate no hay ciudadanía.
En las repúblicas verdaderas no hay enemigos políticos. Hay ciudadanos que discrepan y piensan distinto, que pueden atreverse sin riesgo y sin temor a alentar otra utopía, a creer en otra doctrina, a no aplaudir, a censurar. A ser hombres libres.
Los actos de masas, las concentraciones, las banderas y los cánticos son peligrosos enemigos de la República. La democracia verdadera parte del supuesto esencial de que la gente comprenda los proyectos y las propuestas a fin de que vote con responsabilidad y conciencia. La democracia implica serenidad y objetividad. La democracia requiere información y no propaganda, pedagogía política y no simplificaciones, más aún si se trata de que el pueblo entienda un complejo y extenso texto, y que distinga las ventajas e inconvenientes de la nueva fórmula constitucional, porque se trata de elegir, no entre un eslogan -que diga sí o no- sino por alternativas en que se juega el trabajo, la propiedad, la paz y la familia.
Los actos de masas han caracterizado a nuestra precaria República, y esa es una de las causas de su debilidad y fracaso. En ellos, la razón política desaparece y prevalece la pasión electoral. Para la multitud política y sus líderes no son importantes las tesis sino los enemigos reales o presuntos; no interesan los análisis, sino las arengas, y en la memoria colectiva no quedan las propuestas sino el retumbo del discurso, el eco de los aplausos y los gritos. Sometido por la masa, cada individuo se alinea sin reflexión y se compromete sin libertad.
Los actos de masas apuestan a la adhesión incondicional, y todo lo incondicional es malo para la democracia, y es pésimo para la República. Lo incondicional es peligroso para la convivencia civilizada, y es nocivo para cualquier sociedad libre. Allí están las semillas del fundamentalismo, la intolerancia y la militancia casi religiosa por una quimera política. La historia está llena de ejemplos de masas incondicionales marchando al ritmo de cánticos, intimidando al enemigo, aturdiendo al indiferente. Los desenlaces siempre fueron trágicos y los arrepentimientos, tardíos.
La estrategia de masas busca, además de la adhesión incondicional, la unanimidad de criterio, la anulación de los “otros”, la descalificación moral e intelectual de los que piensan distinto.En esa “democracia” de movilizados y militantes, no es posible discrepar, ni debatir ni siquiera modular la opinión. Solo cabe plegar a la mayoría, someterse y renunciar a la crítica. Pero la unanimidad es otro enemigo de la República que, se supone, está constituida por ciudadanos, por hombres libres que tienen el privilegio de apartarse de la opinión predominante, de decirle no al poder, y que tienen el derecho a que se les escuche y respete. Los gobiernos necesitan oponentes, sin ellos no hay debate, y sin debate no hay ciudadanía.
En las repúblicas verdaderas no hay enemigos políticos. Hay ciudadanos que discrepan y piensan distinto, que pueden atreverse sin riesgo y sin temor a alentar otra utopía, a creer en otra doctrina, a no aplaudir, a censurar. A ser hombres libres.
